Al aprobarse el presupuesto de egresos del ejecutivo del estado para el año 2023, se pone en evidencia, nuevamente, la actitud hostil del gobernador Mauricio Vila con relación a la Orquesta Sinfónica de Yucatán. En el capítulo mil del presupuesto de egresos, se encuentran contempladas las nóminas completas de las diferentes dependencias del ejecutivo del estado, menos una: ¿adivinen cuál es la nómina no contemplada? Le atinaron, la de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.
Por alguna causa inexplicable, pero obviamente ilegal, el ejecutivo del estado trata a los músicos integrantes de esta excelente institución cultural, como si no fueran empleados al servicio del Estado de Yucatán, y de un plumazo les asigna menos del cincuenta por ciento de la nómina de esta institución para el año 2023. ¿A qué causas será atribuible esta incalificable actitud? ¿Será que, el titular del ejecutivo ignora, o no está consciente de que, la Orquesta Sinfónica de Yucatán forma parte de su administración?
Llama la atención el hecho de que, de toda la administración pública, es únicamente a la Sinfónica a la que se trata de esta manera. Si cómo aduce el ejecutivo, la causa fuera la falta de recursos, seguramente aparecería diversos recortes en las nóminas de las diferentes secretarías y demás dependencias de la administración pública; pero no es así, todas las secretarías y dependencias del ejecutivo del estado tienen programadas sus nóminas completas para el próximo ejercicio fiscal, y es únicamente la orquesta sinfónica a la que se le asigna menos de la mitad de lo que se requiere para cubrir los sueldos de sus integrantes. Si existe alguna razón fundamentada para ello, el ejecutivo del estado tiene la obligación de exponerlo públicamente, pues de hecho y de derecho, está incurriendo en una conducta que constituye un hecho totalmente ilegal.
La vida cultural de nuestro estado, para nadie es un secreto, está en estado de desastre. La buena voluntad de Loreto Villanueva Trujillo, la titular de SEDECULTA, no basta para sacar adelante los proyectos de cultura, máxima si ésta se encuentra atada de manos económicamente hablando. Pero una cosa es que no haya dinero para apoyar proyectos, sean estos de excelente calidad o no, y otra muy distinta dejar de programar en el presupuesto de egresos la nómina de una dependencia, porque la sinfónica es una dependencia de la administración pública y queda bajo la responsabilidad del ejecutivo del estado.
Es muy significativo el hecho suscitado en noviembre pasado, cuando, al informar al ejecutivo del estado por parte de Doña Margarita Molina, presidenta del Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que no se tenían recursos para cubrir la nómina del día 15 de ese mes, el titular le responde: “Señora, no es mi problema”. Esta respuesta pinta de cuerpo entero el fondo del asunto, porque lo que hay que informarle al titular del ejecutivo, es que sí es su problema, porque los músicos de la sinfónica no son empleados del patronato, no lo son del FIGAROSY, son empleados al servicio del Estado de Yucatán, y el ejecutivo hace reconocimiento explícito de esta condición al tener a todos ellos afiliados al ISSTEY.
El desconocimiento de una situación legal no nos exime de su cumplimiento, y este es el caso que se presenta con relación a la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Que el ejecutivo del estado ignore o no que la orquesta recae bajo la responsabilidad de su administración, no lo exime de cumplir con sus obligaciones legales para con esa dependencia, y la primera de ellas es garantizar a los músicos que la integran los sueldos que honrada y cabalmente devengan mediante su labor en la orquesta.
Mauricio Vila Dosal nos debe muchas explicaciones con respecto a la OSY y al Teatro Peón Contreras, pero no ha dicho “esta boca es mía”. Por ello, el ejecutivo del estado tiene la palabra…
