Erica Millet Corona, ex titular de la Sedeculta, opina sobre la ley de derechos culturales y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
Muchos no lo saben, pero a partir del día siete de julio de 2021, Yucatán cuenta con una nueva “Ley de Derechos Culturales para el Estado y los Municipios de Yucatán”. Es de extrañar que un hecho de tal trascendencia para el ámbito cultural, largamente acariciado por algunos protagonistas del sector, haya pasado desapercibido para la mayoría. A poco menos de tres meses de su publicación en el Diario Oficial del Estado, no se han formulado las principales preguntas que debería detonar un acontecimiento como este y no se han escuchado más que unas cuantas y esporádicas propuestas de conversatorios o foros de análisis necesarios para calcular los alcances de esta ley y sus repercusiones favorables para el sector artístico del estado, así como aquellas que beneficien a los ciudadanos de Yucatán.
¿Qué tanto conocemos sobre esta ley? ¿refleja realmente el presente de la comunidad cultural? ¿será un mecanismo efectivo para comprometer la voluntad del gobierno del estado para con las artes y el acceso universal de los ciudadanos a la vida cultural? ¿Qué tan incluyente es? La iniciativa de ley fue promovida por Paulina Viana Gómez, presidenta de la Comisión de Arte y Cultura de la LXII legislatura. Si bien, las acciones de cabildeo hacia el interior del Congreso del Estado y la aprobación de esta ley representan un logro importante de la agenda legislativa de la exdiputada, sorprende ahora, como también lo hizo en su momento, la falta de un trabajo colegiado que procurara el debate y el análisis de diversos puntos de vista para su conformación.
El documento fue revisado después de ser concluido tanto por la Secretaría de la Cultura y las Artes a través de la Consejería Jurídica Estatal, como por algunos artistas integrantes del colectivo “Península Escénica”. Independientemente de esto, la diputada y quienes la asesoraron de manera más cercana, fallaron en convocar a otros actores del amplio sector que en su conjunto conforma a la comunidad cultural y artística de Yucatán al grado de que, hasta el día de hoy, gran parte de ellos ignora su existencia. De acuerdo con la propia Paulina Viana, el Congreso del Estado mantuvo abierto un micrositio diseñado para recibir propuestas de la ciudadanía interesada en participar. Dicho micrositio estuvo activo por únicamente durante tres semanas y no se encuentran indicios en internet sobre las propuestas recibidas a través de este mecanismo de consulta. 
Se dejó ir, a mi parecer, una importante oportunidad de trabajar en comunidad para proponer un proyecto que realmente reflejara los intereses y necesidades de un sector muy amplio representado en un equipo de trabajo más plural y que redundara en una iniciativa de ley de verdadera vanguardia, referente de legislación a nivel nacional, como se propuso a principios de la administración estatal. Son muchos los aspectos dignos de análisis y valoración de la legislación ahora vigente, pero sin duda, uno de ellos es el que tiene que ver con la propuesta de creación de un organismo con el nombre de “Consejo Estatal para la Cultura y las Artes” (instaurado el 3 de septiembre) el cual tiene como objetivo según el decreto 406/2021 emitido por el DOE y recientemente difundido en un boletín oficial de la Sedeculta: “nutrir programas y acciones del sector con visiones ciudadanas…” y que también funcione como “instrumento de vinculación y coordinación administrativa e institucional”.
Resulta difícil entender que, en un consejo que pronuncia como principal objetivo involucrar las “visiones ciudadanas” en las propuestas de trabajo, de 18 miembros en total solamente se incluya a dos representantes de la sociedad civil, conocidos miembros del sector cultural: el C.P. Roberto Abraham Mafud, postulado por “Cultura Yucatán, A.C.”, asociación que él preside, y la Mtra. Lourdes Luna Aranda, de la Compañía “Cressida Danza, A.C.”, en una convocatoria que, por los tiempos propuestos en la misma ley, se antoja “fast track” y que redunda en una falta de representatividad hacia el seno del consejo, al no incluir visiones plurales y diversas y pasar por alto, por ejemplo, a colectivos promotores y difusores de la cultura en interior del estado que merecerían un lugar en las conversaciones. Ojalá haya oportunidad de hacer modificaciones que permitan enmendar estas omisiones en los meses futuros.
Los demás integrantes son funcionarios de seis secretarías (General de Gobierno, Educación, Fomento Económico, Desarrollo Sustentable, Turismo y Planeación) incluida la Sedeculta, que preside el Consejo, tres institutos gubernamentales (Indemaya, Imdut e Ipedey) además del Patronato Cultur y el Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA). El sector académico está integrado por la Escuela Superior de Arte de Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán. Cabe señalar que la integración de la Secretaría de Educación y del Instituto Estatal de Bellas Artes al consejo, duplica la presencia de un solo ente, ya que el CEBA es parte del organigrama de la Segey. 
La ceremonia de instalación de este organismo no contó con la presencia de ningún titular de las mencionadas secretarías (a parte de la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes) lo cual resulta especialmente revelador en cuanto a las prioridades de la agenda gubernamental. En resumen, el principal instrumento propuesto por la Ley de Derechos Culturales para el Estado y los Municipios de Yucatán, carece de representatividad y tal como está conformado, se antoja un organismo más de los muchos que existen dentro del gobierno y a los que las ocupadas agendas de los funcionarios no permiten dedicar el tiempo suficiente para un trabajo trascendente. Su instalación, por lo pronto, pasó sin pena ni gloria.
Se requerirán esfuerzos extraordinarios y sostenidos de difusión para dar a conocer La Ley de Derechos Culturales para el Estado y los Municipios de Yucatán y llevar a cabo el trabajo que amerita su aplicación y provecho para que así, vaya tomando la forma necesaria para responder realmente a las necesidades de una realidad con muchos bemoles derivados de la crisis global por la que atravesamos. Esperamos que el consejo, como órgano consultor se lo tome muy en serio y no falle en incluir otras voces en las discusiones.
Addenda: no cabe duda de que la enunciación de políticas que dirijan los planes y programas estatales, el contemplar a los municipios como parte activa en la propuesta de desarrollo cultural, la inclusión del concepto de industrias culturales y creativas y la definición de competencias y atribuciones de las autoridades son, por mencionar algunos, los aciertos más tangibles en materia de propuestas para análisis y desarrollo. La publicación de esta ley representa un paso importante en la vida cultural -que no solo artística- del estado, pero solo será trascendente en la medida en la que el sector se involucre en la vigilancia del diseño y cumplimiento de las disposiciones reglamentarias necesarias que deben definirse a partir de su puesta en vigor.
*Este artículo fue publicado originalmente en dos partes en el Diario de Yucatán el 23 y 24 de septiembre de 2021.
